La transición energética no puede construirse debilitando sectores productivos sin crear antes alternativas reales de empleo, inversión y desarrollo.
Por: Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla
El debate sobre el futuro del carbón en Colombia no puede seguir atrapado en una falsa disyuntiva: defenderlo sin cambios o marchitarlo sin reemplazo. Lo que está en juego no es solo una actividad minera, sino la estabilidad económica de territorios enteros, la sostenibilidad de miles de empresas proveedoras y la capacidad del país para hacer una transición energética que sea también una transición productiva, social y fiscalmente responsable.
El carbón ha sido, durante décadas, una fuente relevante de ingresos para la Nación y un dinamizador de encadenamientos empresariales en transporte, construcción, energía, comercio, industria, logística y servicios financieros. Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería, esta industria realizó compras nacionales de bienes y servicios por $54 billones en los últimos cuatro años, invirtió $362.000 millones en programas sociales y $778.000 millones en gestión ambiental en 2024, y generó 263.000 empleos directos y más de un millón de indirectos en 2025. Solo entre 2010 y 2024, además, aportó $85 billones en regalías, renta y otros impuestos.
Ese aporte ha sido especialmente importante para departamentos con limitadas fuentes de ingreso. Las regalías pagadas por el sector han financiado infraestructura, educación, vivienda y proyectos sociales en municipios que todavía enfrentan altos niveles de pobreza y brechas históricas de desarrollo.
Pero reconocer ese peso económico no significa desconocer la realidad. El carbón viene perdiendo participación en la economía regional: pasó de cerca del 8% del PIB antes de la pandemia a una proyección de 5,2% en 2025, con estimaciones de 3,6% en el largo plazo. Además, la minería registró en 2025 un desempeño negativo, con una caída de -8,3%, mientras la inversión extranjera del sector se redujo 86% frente a 2024.
De acuerdo con la ACM, este deterioro se explica por una combinación de restricciones territoriales a la producción, impuestos a las exportaciones, sobretasa al carbón, prohibiciones comerciales específicas y gravámenes al patrimonio. El resultado es un sector con menor competitividad internacional, mayor incertidumbre regulatoria y menos capacidad para sostener inversión, empleo y desarrollo territorial.
El problema de fondo es que mientras se debilita una actividad de alto impacto económico y social, no avanzan con la misma velocidad las alternativas productivas que podrían sustituirla. Una transición mal planificada puede terminar dejando a La Guajira, al Cesar y a otros territorios mineros con menos ingresos, menos empleo formal y más vulnerabilidad social.
Por eso, el dilema de política pública no puede reducirse a minería sí o minería no. La pregunta correcta es cómo construir una ruta responsable para que, cuando las reservas disminuyan o cambien las condiciones del mercado, esos territorios tengan nuevas capacidades productivas, empresas más sofisticadas, talento preparado e infraestructura para competir en una economía distinta.
Para el Caribe colombiano, esta discusión es estratégica. La transición no puede limitarse al cierre gradual de una actividad; debe convertirse en una agenda de diversificación productiva, fortalecimiento empresarial, innovación, energías limpias, logística, agroindustria y servicios de mayor valor agregado.
Colombia necesita una visión pragmática. Una transición responsable no marchita sectores antes de crear reemplazos viables. Los transforma, los acompaña y prepara a los territorios para el futuro. Eso exige rigor técnico, estabilidad regulatoria, reglas claras, confianza inversionista y una política pública basada en evidencia, no en prejuicios. La transición energética será legítima si también protege el empleo, fortalece empresas y abre nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades y todo el aparato productivo regional.
